sábado, 11 de junio de 2016

Deja Vu, para los que quieren ir al FMI


Estamos en una situación muy parecida a la de 1989 y en aquel entonces el diagnóstico desde el cual se partió para recomendar el famoso paquete de ajuste macroeconómico estaba profundamente equivocado. Pero en economía casi nadie regresa sobre los pasos para observar cuales fueron los errores y utilizarlos para no volver a cometerlos. Siempre me pareció que la forma en la que se enseña nuestra ciencia es del todo menos científica. A los alumnos no se les enseña a cuestionarse, y la primera norma del progreso científico es el cuestionamiento de lo que todos aceptamos.

Venezuela, al final del gobierno de Lusinchi había tenido una larga temporada de control cambiario, para ese entonces la restricción había durado 6 años y eso había sido el período más largo de limitaciones cambiarias, sólo superado por el actual que lleva 13 años y parece que podría llegar a los 14 años.

En aquel entonces se discutió mucho, porque buena parte de las personas dudaban que fuera sensato liberar el cambio. Algunos, los menos, abogaban por la liberación,  otros proponían que el sistema fuera progresivo y que poco a poco se alcanzara la liberación del mercado. Por supuesto, privó la voluntad del FMI, quien apoyaría el paquete y éste presionó por la liberación definitiva del control de cambios. El plan del FMI como todos, era un plan para países con niveles bajos de reservas, ya que Venezuela había agotado sus reservas en el control de cambios y la propuesta era ayudarnos a salir de ese problema.

Había una preocupación fundamental, debido a que la mayor parte de las personas creía y todavía creen que si se libera el control el precio del dólar sube exorbitantemente y las reservas caen de una manera importante. En aquel entonces, como ahora es un error, porque si se libera el cambio, la incertidumbre que determina la elevación del tipo de cambio se desvanece y al contrario, el tipo de cambio se estabiliza a la baja. También obra en sentido contrario el saldo de las reservas, porque al liberarse, las reservas en lugar de caer, suben.

Los economistas venezolanos se preocupan mucho por la parte fiscal de la política y eso los lleva a hacer mucho hincapié en ello. Por eso la determinación del tipo de cambio en el presupuesto resulta importantísima y por ello una de las funciones del banco central es mantener el cambio en el nivel presupuestado, incluso cuando se requiere una mayor devaluación, la ejecuta, porque lo importante es que el gobierno sobreviva y en ello no importa la pobreza, o los efectos perversos de la devaluación.

Lo cierto es que el efecto obtenido fue contrario a lo estimado y el tipo de cambio se cayó de una manera importante poniendo en peligro los planes fiscales del gobierno, por eso se presionó al congreso para reformar la ley de impuestos y para crear el impuesto al Valor Agregado. La reforma fiscal no se dio y para evitar una caída más pronunciada del precio del dólar el banco central procedió a comprar reservas, por lo que se inyectó una cantidad de bolívares importante, lo que presionaba por más inflación.

Eso los llevó a uno de los errores fundamentales del paquete que fue su concepción de la política monetaria. Se pretendió hacer política monetaria restrictiva y para ello se inventó el peor error del paquete de Miguel Rodríguez, el bono cero cupón. Su visión de macroeconomista le impedía entender que incluso en Venezuela, se cumple la teoría económica. Por eso solo puede hacerse política monetaria de mercado abierto con la compra o venta de bonos emitidos por el gobierno en mercado secundario; nunca con bonos emitidos por el banco central en el mercado primario. Esa política totalmente errada llevó a emitir cada vez más medios de pago, haciendo que la inflación nunca fuese menor al 30%.

En 1991 ya el paquete no existía, porque los precios del petróleo habían retomado la tendencia alcista y quienes dirigían las políticas del gobierno afirmaban que seguían el plan establecido con el FMI, pero ya se habían suspendido los desembolsos y el gobierno retomó su política de gastos, manteniendo apenas las reducciones arancelarias y la devaluación para soportar el presupuesto público, con la excusa de mantener un tipo de cambio proclive a la exportación.

Es que en Venezuela siempre se comprendió mal la función del economista, un economista no está ahí para procurar la supervivencia fiscal del gobierno, un economista debe entender que su función es procurar las políticas para que el sector privado sobreviva, y que este pague impuestos para que el gobierno los administre con sensatez. Por tanto, las políticas del gobierno deben estar dirigidas a reducir su importancia en la economía y ceder espacios para que el sector privado crezca. Lo contrario ha sido siempre la política que dirige el gobierno y por eso no existe ninguna diferencia entre lo que hacían los gobiernos desde Gómez hasta hoy. La única diferencia es el grado de la intervención y el número de empresas en las que el gobierno invierte evitando que el sector privado participe, como es el caso de las empresas declaradas básicas. Hoy como el lenguaje es militarista, las llaman estratégicas.

Hay que aclarar algo más, tampoco en Venezuela los empresarios son lo ideal, de hecho, todos quieren un contrato para suplir al gobierno, por lo que el error en la concepción de un gobierno no es exclusivo de quienes pretenden ser líderes políticos del país, sino también de quienes pretenden ser líderes del sector productivo privado.

Hoy me preocupa que la mayor parte de los alumnos de las escuelas de economía creen, porque así les dicen sus profesores, que aquel experimento pudo haber sido exitoso, si se hubiese mantenido, y, ciertamente, su fracaso parte de dos elementos, primero un falso diagnóstico de la realidad nacional y segundo que las mismas personas que lo planificaron cambiaron sus prioridades y adaptaron el paquete para lo que ha sido siempre la política venezolana: Procurar la mayor suma de ingreso fiscal al gobierno y mantener el poder monopólico del gobierno como cliente, productor y gestor de política. Es decir, un ambiente donde existe la mayor suma de conflictos de intereses posible.